Ha sido un año nefasto para las salas de bingo, lo que no es una novedad dado que este juego
sigue en caída libre desde hace décadas. Pero esta pérdida de competitividad del bingo,
estimada en un 60% menos en 2020 por la pandemia, no solo afecta a empresarios y
trabajadores –también a los jugadores-, sino que tiene como grandes perjudicadas a las
Consejerías de Hacienda de las CCAA.
Si en 2019, las 321 salas de bingo abonaron a las haciendas autonómicas 252 millones € en
concepto de tasas, en 2020 las cifras serán sensiblemente menores: 102 millones
aproximadamente, según cálculos de la patronal del bingo. La diferencia es notable: 150
millones € menos que los gobiernos de las CCAA no podrán destinar a obras sociales o
sanitarias.
Fernando Henar, presidente de la CEJ considera primordial que las autoridades hagan un
esfuerzo para evitar este viaje sin retorno que conduce al cierre definitivo de una actividad de
ocio con gran raigambre social en España desde 1977. “El bingo sigue soportando una
tributación excesiva y es una de las razones por las que solicitamos una rebaja en la fiscalidad
acorde con la viabilidad del negocio, y que está estudiado que debe ser del 10% como
máximo”, dice Henar.
Además, “desde hace muchos años, añade el presidente de CEJ, la Administración se ha
convertido en una especie de socio que solo obtiene beneficios si los bingos mantienen su
actividad con un margen de rentabilidad”.
La próxima semana, el Comité Ejecutivo de la CEJ analizará la evolución del bingo en 2020, tras
el descalabro acelerado por la covid. “Si el bingo fuera un ente material, deberíamos hablar
de obsolescencia programada, razón por la que requerimos de las autoridades, además de la
rebaja fiscal, permiso para que podamos introducirsistemáticamente los cambios adecuados
que reactiven el juego”, concluye Henar.
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